El acuerdo del PP con su extesorero, Luis Bárcenas, mediante el cual, según este partido, no solo le pagó un finiquito prorrateado por meses desde 2010 hasta diciembre de 2012 sino que además se hizo cargo de sus cuotas de la Seguridad Social durante dos años y medio, generó durante el miércoles todo tipo de dudas legales. Si el PP hubiera pagado directamente las cotizaciones sociales de Luis Bárcenas desde 2010 hasta diciembre de 2012, como ratificó en un comunicado en el que confirmó la información adelantada por EL PAÍS, lo habría hecho de forma fraudulenta. El extesorero, según señala también ese comunicado, rompió su relación laboral con el PP en 2010, por tanto, desde ese momento, no presta ningún servicio a esa formación, y en consecuencia, el partido no podía abonar las cotizaciones correspondientes a un asalariado que ya no forma parte de su plantilla. En esta idea coinciden no solo cinco expertos consultados, sino el propio Ministerio de Empleo.

El ministerio que dirige Fátima Báñez señaló, a la pregunta de si una empresa puede seguir pagando las cotizaciones de un trabajador pese a haber sido despedido: “No, no puede haber ningún tipo de cotización social. Existen excepciones, pero no como norma general”. Empleo ha explicado que se pronuncia sobre lo que dice la ley no sobre el caso concreto de Bárcenas y que sus precisiones sobre la norma serían las mismas si se preguntara sobre cualquier empresa.